Anteproyecto de ley “Reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal”.

Iniciativa presentada por Julissa Ulate Arias en 2012.

Señala que el Estado debe ser garante de que los ciudadanos posean íntegros y protegidos todos sus derechos, y esto incluye a los ministros de culto de otras religiones, ya que están en desventaja  con los sacerdotes y dirigentes de la religión católica, por ser esta la oficial. El Estado costarricense debe por mandato legal tutelar y determinar las funciones que ejerce este grupo de la sociedad, y por ello se presenta esta reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal.